Cuando todavía la crisis era una “desaceleración”, allá por 2007, el fotovoltaico parecía un negocio redondo. Con la intención de fomentar la explotación de la energía solar, una riqueza climática que podría disminuir nuestra dependencia de las importaciones de petroleo con las instalaciones adecuadas, el gobierno socialista comenzó a remunerar esta tecnología a 450 euros el megavatio hora, diez veces por encima del precio de la electricidad en el mercado mayorista. Esta voluminosa prima suponía una rentabilidad cercana al 12% para la inversión en parques solares, una cifra muy por encima de cualquier otra alternativa. Se produjo entonces un verdadero ‘boom’ que desbordó la planificación del Gobierno. A finales de 2008 había 3.463 megavatios de potencia cuando la previsión era de 500, y la subvención se tornó insostenible. La “burbuja solar” comenzó a inflarse.
El crecimiento se repartió a partes iguales entre empresas del sector, fondos de inversión y particulares. En esa época la crisis todavía no había hecho estragos y la banca no tuvo ningún problema en financiar los proyectos hasta en un 100% de su cuantía. Ya entrada la crisis, con los mercados financieros e inmobiliarios desmoronándose, la rentabilidad ofrecida por las instalaciones fotovoltaicas provocó que fondos de inversión extranjeros, sobre todo americanos, pusieran sus ojos y su capital en este “negocio”, impulsando la energía solar hasta colocarnos como uno de los primeros del mundo en capacidad fotovoltaica instalada, pero con una sobrecapacidad respecto a la demanda de más del 60%. Las primas a la fotovoltaica, unidas a otros defectos estructurales de nuestro sistema de producción energética, han provocado un déficit cercano a los 25.000 millones de euros, y a esto se une la enorme presión de las compañías eléctricas por acabar con un sistema que les hace la competencia y amenaza su posición de poder como distribuidoras únicas.
En esta situación el gobierno actual decidió el pasado julio hacer una de sus “reformas necesarias”, vía decreto ley. La reforma energética aprobada por el ministro Soria reducirá la rentabilidad garantizada a los productores de fotovoltaica hasta el entorno del 7,5% durante toda su vida útil. Eso significa que las que tuvieron una rentabilidad de dos dígitos en los primeros años con el sistema socialista verán reducidas drásticamente sus retribuciones a futuro, lo que hará inviables muchas de estas inversiones. Porque, además, lo normal para los pequeños inversores es que se hicieran con porcentajes de deuda de hasta el 100%, que tienen que devolver. El problema es muy grave porque estamos hablando de 50.000 huertos solares en los que, además de los fondos norteamericanos y las eléctricas españolas, están presentes muchos inversores individuales. Estos damnificados se comparan con los afectados por las preferentes de la banca nacionalizada y están dispuestos a judicializar el sector eléctrico para defender su inversión. Con las nuevas tarifas, los ingresos no cubren los gastos, y la situación podría acabar de forma similar al estallido de la burbuja inmobilaria, con impagos, embargos y pérdidas millonarias para todos los implicados.
Los inversores atrapados en la energía solar se comparan con los preferentistas y afirman que su caso presenta además el agravante de que no es un banco el que les ha engañado sino el Gobierno, con los sucesivos cambios regulatorios. Representantes de ANPIER (Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica) denuncian que se ha metido la tijera a las renovables para no desairar al lobby eléctrico. “Solo así se explica que en la última reforma energética no se haya tocado para nada la formación del precio en el mercado mayorista, principal causa del déficit de tarifa», señala un alto ejecutivo del sector. Las compañías tradicionales responden que no tiene sentido que la fotovoltaica se lleve el 30% de las primas a las renovables -1.597 millones de euros en el primer semestre- si solo cubre el 3,5% de la demanda.”
Los inversores atrapados en la energía solar se comparan con los preferentistas y afirman que su caso presenta además el agravante de que no es un banco el que les ha engañado sino el Gobierno, con los sucesivos cambios regulatorios. ANPIER ha iniciado una campaña con la que se pretende evidenciar que no solo hay grandes fondos de inversión nacionales y extranjeros en este negocio. Es cierto que la inversión fotovoltaica se convirtió en una de los productos estrella de los gestores de grandes patrimonios cuando en 2007 la burbuja inmobiliaria comenzó a perder aire. Pero también hay pequeños ahorradores -55.000, según ANPIER-, muchos del entorno rural, que confiaron en las promesas del Boletín Oficial del Estado (BOE) para colocar sus ahorros e incluso el dinero de su jubilación. Tampoco están muy contentos con la reforma los fondos norteamericanos que han invertido fuertes cantidades en energías renovables atraídos por las primas del anterior Ejecutivo y que ahora se rebelan contra este cambio de las reglas del juego “a mitad del partido”. En los medios de comunicación del sector financiero corre el rumor de que estos fondos están dispuestos a presentar grandes litigios contra España por lo que consideran una “expropiación progresiva” y una violación del principio de seguridad jurídica.
Una cuestión especialmente sangrante es que la última reforma no se limita a regular a la baja las subvenciones recibidas por la energía solar, sino que parece querer destruir directamente cualquier intento de autoconsumo energético. La “prohibición” de vender la energía sobrante a las eléctricas y, sobre todo, la obligación de conectar todos los paneles solares a la red con amenaza de multas de hasta 30 millones de euros, que han sido muy bien recibidas por las eléctricas, hacen que a quien tiene un huerto solar para consumo propio le salga más barato pagar electricidad de la red general que usar la suya propia. Por no mencionar el daño que este ataque directo a las energías renovables puede causar al desarrollo del sector, en cuya tecnología hay que recordar que somos un país puntero, y en cuyo potencial como motor económico se confiaba como uno de los medios para salir de la crisis económica.
Frente a este panorama, Greenpeace decidió presentar alegaciones contra el Real Decreto sobre autoconsumo, recibiendo el apoyo de la CNE (Comisión Nacional de Energía). El informe de la CNE avala las tesis que defienden el autoconsumo como un derecho a proteger y un bien a impulsar para beneficio de los consumidores y del sistema eléctrico en general, frente a las pretensiones de las eléctricas que eran las que el Ministerio había plasmado en su propuesta, de restringir el autoconsumo al máximo para hacerlo inviable. “Las eléctricas encabezadas por Iberdrola han identificado el autoconsumo como una amenaza para sus intereses oligopolísticos, pero en realidad el autoconsumo es una herramienta de ahorro que ayudará a los ciudadanos a hacer frente a la crisis e impulsará un nuevo desarrollo para el conjunto del país”, ha declarado Julio Barea, responsable de la campaña Energía de Greenpeace. “Es muy grave que el Gobierno se preste a servir solo a los intereses particulares de algunas empresas en perjuicio del interés general”.
El pasado mes de julio Greenpeace envió a la Comisión Nacional de Energía (CNE) comentarios al Real Decreto (RD) sobre autoconsumo propuesto por el Gobierno en el marco de su reforma energética. La organización ecologista manifestó entonces la necesidad de realizar una profunda modificación del texto al ser claramente discriminatorio para el usuario e ir en contra del ahorro y la eficiencia, puntos en los que la CNE coincide plenamente. El informe de la CNE avala las tesis que defienden el autoconsumo como un derecho a proteger y un bien a impulsar para beneficio de los consumidores y del sistema eléctrico en general.
Greenpeace advertía, además, de la inaudita coincidencia en los términos y resoluciones del Real Decreto con las premisas y argumentos de las empresas de UNESA. Entre los puntos más conflictivos estaba la creación del llamado “peaje de respaldo”, término acuñado e insistentemente defendido por Iberdrola. Con este “peaje de respaldo” el Gobierno pretende cobrar un impuesto por la energía consumida aunque proceda de una instalación propia de generación. Greenpeace considera fuera de toda lógica este cobro pues solo se debería pagar por la energía consumida procedente de la red. A esto se suma que el autoproductor tampoco cobraría por la energía que vierta a la red, como sí hace cualquier central térmica o nuclear. El ministro Soria ha respondido a las críticas desautorizando a la Comisión Nacional de Energía (curiosamente un organismo estatal…), y ha declinado hacer cualquier modificación sobre el proyecto aprobado. El hecho de que expresidentes y excargos importantes de sucesivos gobiernos ocupen en la actualidad puestos de consejeros en las principales compañías energéticas (Endesa, Iberdrola, Gas Natural…), no contribuye a que el ciudadano de a pie confíe en que la reforma es justa y equitativa.
Todo parece indicar que el estallido de una burbuja solar, con efectos similares a la burbuja inmobiliaria, es inminente. Lamentablemente, más allá de las repercusiones económicas para los inversores, esto también se traduce en una importante pérdida de puestos de trabajo en las empresas que se dedican al desarrollo e instalación de esta tecnología. Para uno de los países con más horas de sol del mundo, que la energía solar entre en crisis es una muy mala noticia.
